Después de casi tres semanas de receso encubierto, la tropa que responde a Cristina Kirchner volverá a la carga en junio para imponer en el Senado la agenda política que responde a los intereses de la vicepresidenta.

A la ya iniciada ofensiva por la ampliación de la Corte Suprema –objetivo que se fijó Cristina Kirchner luego de que el tribunal la desafiara por la composición del Consejo de la Magistratura– se sumarán los intentos por modificar la ley que regula la consulta popular y la flexibilización del secreto bancario, fiscal y tributario, un tema polémico que el Gobierno se resiste a aceptar.

Las huestes kirchneristas pondrán manos a la obra en la semana del 6 de junio, luego de que la Cámara alta haya escuchado el primer informe que brindará ante el Congreso Juan Manzur, este jueves. Desde que asumió, el 20 de septiembre del año pasado, el exgobernador tucumano no cumplió con el mandato constitucional que obliga al ministro coordinador a informar la marcha del Gobierno todos los meses, de manera alternada, ante cada cámara legislativa.

Con los números inestables que quedó el oficialismo tras la elección del año pasado, en la que cayó de 41 a 35 senadores, la vicepresidenta no quiere dejar pasar la oportunidad de imponer su agenda mientras pueda sostener la ajusta mayoría de 37 votos, sobre un total de 72 miembros del cuerpo, como lo hizo con la reforma del Consejo de la Magistratura.

La ampliación de la Corte

En este escenario, una de las cuestiones que interesan a la vicepresidenta es la ampliación de la Corte. El tema comenzó a tratarse hace un mes, pero la decisión de Juntos por el Cambio de darle la espalda a la discusión, negándose a invitar especialistas a las comisiones para que brinden su opinión, le ha quitado peso y relevancia al debate.

Por eso, la vicepresidenta sacó un as de la manga y piensa reactivarlo con la intervención de los gobernadores peronistas, que anunciaron el lunes último que se sumarán a la discusión con una propuesta propia que redactarán en consulta con “notorios especialistas y juristas” del interior.

En el Senado es un secreto a gritos que la propuesta de los gobernadores será la misma que defendió Raúl Zaffaroni ante las comisiones del Senado hace tres semanas: una Corte integrada por 24 jueces, uno por cada provincia y la Capital Federal.

Según confiaron voceros oficialistas, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia recién volvería a reunirse en la semana del 6 de junio, es decir no antes de 10 días.

Viejo anhelo

Supeditado a la resolución de la ampliación de la Corte quedará el inicio de la discusión de la reforma de los institutos de la consulta y la iniciativa populares, proyectos presentados por Oscar Parrilli (Neuquén) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), dos kirchneristas de paladar negro.

El de apelar a la democracia directa como forma de saltarse los obstáculos legislativos es un típico recurso populista y un viejo anhelo de Cristina Kirchner, que viene rumiando la idea desde el cachetazo electoral que sufrió el Frente de Todos en noviembre del año pasado.

Tras un amago de tratarlo el año pasado, el tema quedó en pausa hasta que volvió a activarse como consecuencia del enfrentamiento de la vicepresidenta con la Corte Suprema. El proyecto, cuyo tratamiento Parrilli ya reclamó en dos oportunidades al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el también oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), modifica de manera sustancial los requisitos para someter un tema a consulta popular ya que cambia la mayoría absoluta (mitad más uno de cada Cámara) que se necesita para aprobar la ley de llamado a consulta por una mayoría simple (mitad más uno de los presentes).

Además, amplía la lista de temas que podrán ser sometidos a consulta popular, incluyendo asuntos electorales e institucionales, como el de la ampliación de la Corte.

De convertirse en ley, a tiro de una iniciativa popular también quedaría la modificación de los requisitos para levantar el secreto bancario, otro de los proyectos que desvelan al kirchnerismo.

El proyecto, otro más presentado por Parrilli, formaba parte de la estrategia kirchnerista de impulsar la sanción de la ley que crea un fondo con los “dólares fugados al exterior” durante la administración de Mauricio Macri para pagar la deuda al FMI. Una jugada a dos bandas de Cristina Kirchner para diferenciarse del Gobierno de Alberto Fernández por el acuerdo con el organismo de crédito y, de paso, continuar con su política de hostigamiento al macrismo.

El texto en cuestión permite levantar el secreto bancario, fiscal y tributario en el afán de recuperar esos fondos que las huestes kirchneristas sostienen que son producto del crédito del FMI de 2018 y que fueron fugados al exterior por socios y amigos del macrismo.

El proyecto quedó congelado luego de que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se reuniera con el jefe del interbloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans (Formosa), y le advirtiera que una jugada de ese calibre podría generar una corrida bancaria. Hace dos semanas Parrilli volvió a la carga, pero un día antes de que el proyecto fuera tratado la reunión de comisión fue suspendida. El neuquino prometió insistir y, se sabe, que siempre detrás de él se encuentra la mano de Cristina Kirchner.

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