En el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y en consonancia con decisiones adoptadas en otros distritos del país, en Chaco autorizó el acceso a teléfonos y dispositivos móviles a personas privadas de su libertad para suplir la falta de contacto con sus familiares por suspensión de las visitas en las cárceles.

Las progresivas flexibilizaciones dadas hasta la eliminación de todas restricciones significaron la vuelta de la presencialidad que restableció plenamente el régimen de visitas, con lo que desaparecieron también los argumentos esgrimidos para dotar de teléfonos a todos los presos.

Pero el Ministerio de Seguridad y Justicia encontró otros motivos para autorizar definitivamente el beneficio de la “comunicación directa” de los internos con cualquier persona dentro y fuera de las unidades de detención, entendiendo que “la comunicación con el mundo fuera del presidio es un derecho fundamental de los detenidos”.

Alega además la necesidad imperiosa de contacto con sus familiares para favorecer la reinversión, el acceso a la información, y la formación cultural y educativa, entre otros aspectos. Y a esto agrega la necesidad de crear un canal directo con el Comité de Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Publico de la Defensa para acudir ante situaciones que consideran violatorias de sus derechos.

Para la implementación de esta decisión, el Ministerio de Seguridad y Justicia aprobó el Protocolo para el uso de Teléfonos Celulares de personas privadas de libertad en dependencias policiales y el Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco, el que debe entrar en vigencia en un plazo de 15 días a contar desde el pasado 23 de mayo, fecha de entrada en vigor de la Resolución 676, plazo que podría extenderse por otros 15 días.

A partir de ahora, todas las personas detenidas que posean teléfono celular inteligente, tablet, netbook, notebook u otros dispositivos informáticos, deberán declararlos al momento de su ingreso a prisión, y todos los datos referidos al aparato, su titular y número de usuario o abonado, serán inscriptos en un registro especialmente habilitado al efecto en cada dependencia.

Quienes no posean teléfono, tablet ni computadora, podrán solicitar por cualquier medio a un tercero que le suministre, el que será registrado del mismo modo.

El registro incluye una declaración jurada en la que el detenido asegure que el aparato no es robado. Ademas el Estado debe proveer además conectividad para acceder a las redes.

Esta decisión ya fue notificada a la Jefatura de la Policía de la Provincia del Chaco, al Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, al Superior Tribunal de Justicia, al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Fiscal, al Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y o Degradantes y a la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia.

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