El juicio por uno de los crímenes más bestiales de los últimos años llegó su fin. Tras casi ocho meses de debate en el Tribunal Oral Federal N°6, Luis Alberto Fernández y Bruno Cortez recibieron la pena de prisión perpetua por el brutal secuestro y muerte de Xiomara Méndez Morales, ocurrido el 20 de noviembre de 2018. Xiomara, vecina de la villa 1-11-14, tenía apenas 15 años.

El monto de la pena fue consonante con el pedido formulado por la fiscal general Gabriela Baigún a fines de noviembre pasado ante el Tribunal integrado por los magistrados Guillermo Costabel, Sabrina Namer y Rodrigo Giménez Uriburu. Alejandra Mángano, principal investigadora del caso y titular de la Fiscalía Federal N°12, fue quien elevó el expediente a juicio. La calificación para ambos acusados es particularmente compleja: secuestro extorsivo agravado por vínculo, cobro de rescate, edad y muerte de la víctima, resistencia a la autoridad, portación de arma de guerra.

Fernández, según la acusación en su contra, atacó a una nena que era casi su propia sangre. En su alegato, Baigún aseguró sobre el principal acusado. “Conocía a Xiomara hace muchos años. Desde que ella tenía un año. No era la primera vez que él la buscaba del colegio. Ella y sus hermanos siempre lo llamaron tío. Consignando textualmente lo que dijo en su indagatoria: ‘Se sube por la confianza que ella me tiene mí… Ella nunca iba a dudar de mi persona… Como ustedes bien lo saben, ella me consideraba un tío y eso me ponía entre la espada y la pared a mi”. “La suerte de Xiomara estaba echada. La muerte de la adolescente ya había sido premeditada”, continuó Baigún.

Las pruebas, con una investigación de la división Antisecuestros de la Policía Federal, cuentan la historia completa.

De acuerdo al pedido firmado por la fiscal Mangano, Xiomara fue capturada a las 17:50 de ese día a la salida de su escuela, el Liceo N°5 Pascual Guaglianone en la avenida Carabobo, donde cursaba el segundo año del secundario, cerca de las 17:50. Fue Luis Fernández, su “tío de afecto” según testimonios, quien la llamó para que suba al asiento trasero de su Fiat Duna.
Tres minutos después, la madre de la menor recibía un mensaje en el teléfono: “Patri, tenemos a tu hija. Llamame rápido, urgente”. Comenzaron las extorsiones. De fondo, la madre de Xiomara escuchaba a su hija que lloraba y pedía por su vida. El secuestro fue denunciado de inmediato.

Esa misma noche, a las 21:40, un nuevo llamado se produjo. Los extorsionadores le pidieron a la madre de la menor que pague el rescate: 50 mil pesos y dos kilos de cocaína. Dos horas después, bajaron sus pretensiones. Pidieron el mismo monto, pero menos droga. Le ordenaron que deje la plata y el polvo bajo un auto negro estacionado en Chiclana de Boedo, en una bolsa blanca. La madre de Xiomara pidió hablar con su hija. No se lo permitieron. Minutos después, Patricia cumplió con las ordenes. Dejó el dinero bajo el auto negro, pero no había droga.

El rescate fue recolectado, pero Xiomara no volvió. Los secuestradores siguieron su camino.

Cortez y Fernández no se rindieron sin pelear. Siguieron su marcha hasta Ituzaingó, donde un patrullero de la Policía Bonaerense, según consta en el expediente, cruzó al Duna en un peaje y les hizo señales para que se detengan. Comenzó una persecución. Fernández le apuntó a sus perseguidores con una pistola 9 milímetros. El comisario sobre el patrullero respondió con su reglamentaria y disparó. Finalmente, fueron interceptados en Coyunda y Acceso Oeste. Fernández y Cortez forcejearon con los efectivos que los arrestaron. El Duna fue registrado: Xiomara estaba muerta en el asiento de atrás.

La autopsia posterior descubrió que había sido asfixiada por compresión hasta la muerte. Su cabeza estaba suspendida y tapada por un buzo rojo, sujetado con cinta y soga. Sus muñecas estaban maniatadas con precintos, su boca tapada con cinta. El informe de los peritos de la Morgue Judicial estableció que Xiomara había muerto entre las 22 y la 1 de la mañana.

Es posible, según estos datos, que los secuestradores hayan negociado el rescate con la menor ya muerta. Al parecer, tenían un plan más macabro todavía: en el Duna se encontró además de 15 mil pesos un bidón de nafta y una caja de fósforos.
Fernández, por su parte, se quejó de haber sido golpeado por policías y negó todo al ser indagado. Aseguró que conoció a Cortez en la remisería San Cayetano de la Villa 1-11-14, que lo llevó varias veces a comprar droga a otro asentamiento en Morón y que actuó amenazado por su cómplice en el secuestro.

A Fernández, que tiene antecedentes penales, las cámaras de seguridad lo complican: fue filmado en el colegio de Xiomara cerca del Duna dos minutos antes del secuestro.

La mención a “Grillo” es insistente en las escuchas. “Grillo me cagó a mí”, dice la voz de uno de los captores a la madre de la menor. “Listo, conseguime los dos kilos, vos sabés dónde conseguir, no te hagás la tonta”, continuó. El llanto de Xiomara es una constante a lo largo de las escuchas, mientras la mujer pide por la vida de su hija. El cuerpo reveló otra prueba: bajo la uña del pulgar izquierdo había material genético de Cortez. Bajo la uña del pulgar derecho, se encontró el ADN de Fernández.

La pista narco fue el principal punto oscuro del caso. Todo se orientaba, en cierta forma, al movimiento transa del Bajo Flores. La sospecha de una venganza narco que luego se ratificaría con pruebas y allanamientos comenzaba a sobrevolar el caso investigado por la fiscal Mangano dos semanas después del hecho. Un familiar de la joven había sido detenido con poco menos de cien bolsitas de cocaína en 2014 mientras entraba al asentamiento para luego recibir una probation de servicio comunitario por un tribunal federal, el padre biológico de la menor que había ido a Ituzaingó todavía vivía en la zona. El juez Jorge Rodríguez ordenaba desde Morón acelerar la investigación a una banda narco que incluía al padrastro de Xiomara con antecedentes por drogas en Comodoro Py, con un allanamiento a la casa familiar.

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