En agosto de 2021, el homeópata Eduardo Ángel Yahbes, un volador frecuente del discurso antivacunas en Internet, se sentó como invitado en el living de Intratables en América. Comenzó con un gesto serio luego de que Alejandro Fantino le diera la palabra. Vacunas o no era básicamente el planteo, sin que la cepa Ómicron que hoy paraliza a la sociedad y a la economía estuviera en el horizonte. Era casi otra Argentina. “Todo es debatible. Yo hace muchos años que estudio el tema de las vacunas desde que estaba en la Unidad de Enfermedades Infeccionas del Hospital de Niños. Empecé a ver en la década del 70 que se internaban chicos con efectos adversos a las vacunas. Las vacunas tienen algunas carencias elementales, no se investigan en los cambios genéticos que producen”, aseguró entonces Yahbes.

Luego, dijo que las personas vacunadas contra el COVID-19 se mueren igual, afirmó que más de 43 mil personas vacunadas habían muerto por COVID, un dato claramente falso, desmentido por AFP Factual entre otros, surgido de una interpretación errónea de un informe del Ministerio de Salud. Luego, aseguró no estar vacunado él mismo. Otro especialista en la mesa del programa le retrucó que gracias a la vacuna contra el tétanos, por ejemplo, las internaciones por esa enfermedad bajaron dramáticamente. No fue su única aparición mediática. Ya se había presentado en El Diario de Mariana en 2019, dos años antes. Contó la misma historia de sus supuestos días en el Hospital de Niños: chicos supuestamente internados por vacunarse contra el sarampión con diagnósticos como encefalitis. Curiosamente, el perfil previsional del homeópata no habla de ningún empleo en una entidad médica estatal.

Yahbes, de 79 años, con una familia históricamente ligada a reconocidos restaurantes en el negocio gastronómico, comenzó a arrastrar cierto barro en el calzado profesional. Su nombre se repitió a lo largo de los últimos meses en en la web con críticas y acusaciones que suscitaban sus planteos, sus colegas lo repudiaban.

La Policía de la Ciudad lo arrestó en la calle Coronel Díaz por entregar certificados para eximir a personas de vacunarse contra el COVID sin justificación aparente, con una causa a cargo de la Fiscalía N°15 del doctor Federico Tropea. Los certificados ni siquiera estaban escritos a mano: ya estaban preimpresos, el homeópata solo tenía que poner el nombre del cliente y su firma con sello. Le encontraron más de 220. Incluso, fuentes policiales aseguran en base a la denuncia que inició el caso que habría cobrado hasta 4 mil pesos por cada uno de los papeles.

El expediente en su contra es por la violación del artículo 293 del Código Penal, que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.” En todo caso, los certificados truchos para esquivar a conciencia una vacuna que puede salvar vidas tal vez sea lo de menos.

El dióxido de cloro, un producto vendido como cura mágica del coronavirus, fue prohibido y desacreditado por la ANMAT: no puede venderse en la Argentina. Suele ser comercializado por pseudoespecialistas, expertos en terapias coloridas. En diciembre pasado, un ingeniero de Núñez fue arrestado en diciembre pasado por venderlo y supuestamente fabricarlo en un laboratorio trucho en su casa junto a la solución de plata coloidal, otro falso medicamento que data de la época del Far West. En enero de 2021, la Sociedad Argentina de Infectología, la Fundación Huésped y una decena de reconocidas asociaciones médicas presentaron una fuerte denuncia por el uso del dióxido de cloro ante la Justicia federal. Yahbes fue especialmente mencionado en el escándalo.

“A su vez, y tal como se observa en la documental que se adjunta, existe otra persona que se anuncia como médico, Eduardo Angel Yahbes, MN 30301 que ha prescripto a la paciente Martha Trezza (fallecida en el mismo sanatorio) la administración endovenosa de dióxido de cloro 3000 pm”, asegura el documento presentado. En la situación también se vio envuelto el médico Dante Converti, que adjuntó un certificado para que se le sea administrado el dióxido a Trezza, internada en el Sanatorio Otamendi. El nombre de Martha Trezza es icónico en la historia de la muerte por COVID-19 en Argentina: su hijo José había llegado a la Justicia federal con una cautelar para que a su madre se inyectara el dióxido, recuerda un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

El fallo asegura que José pedía por el cloro “conforme a la prescripción médica extendida por el doctor Eduardo Yahbes” ya que, según Yahbes, la vida de Martha pendía de “un hilo” y que el Otamendi se negaba. Trezza murió el 6 de enero, sin recibir el cloro. Oscar García Rúa, marido de Trezza, estaba internado junto a ella, con el mismo diagnóstico. El juez Javier Pico Terrero, del fuero Civil y Comercial Federal, autorizó la aplicación para García Rúa, de 92 años. El hombre finalmente murió.

Los documentos de la SADI y la Cámara Civil y Comercial Federal citan a tanto a Yahbes como al médico Converti. Sin embargo, Converti se llevó la mayor cantidad de calor mediático y judicial por el caso. Su consultorio fue allanado por orden del juez Sebastián Casanello tras la muerte de García Rúa.

Luego, tras la muerte de Trezza y García Rúa, Yahbes fue por otras luchas.

Invocó su condición de médico en un recurso de amparo contra el ANMAT y el Ministerio de Salud para que se entregue información sobre las vacunas ARN contra el COVID, según documentos judiciales. Dijo que estaban “en etapa experimental en humanos en nuestro país” y literalmente pidió que se impida la vacunación “hasta tanto se garantice el acceso a la información solicitada, ya que de lo contrario se expone a la población a daños y riesgos inmensurables en la medida que no cuente con la información necesaria para prestar su libre consentimiento”. Perdió en dos instancias. La Cámara Contencioso Administrativo Federal lo obligó a pagar las costas del expediente en abril del año pasado.

Tras su arresto, sus seguidores se quejan en Internet de una supuesta vendetta en contra del médico, un vuelto del sistema médico contra un crítico feroz. A fines de diciembre pasado, el Ministerio de Salud bonaerense publicó que de 224 personas internadas por COVID en terapia intensiva, el 82 por ciento no estaba vacunado.

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