En ese sentido, el Superior Tribunal de Justicia exhorta a  los sectores sociales y comunitarios, como así también a toda la ciudadanía, al irrestricto respeto de las instituciones republicanas, como es el Poder Judicial, y, en especial, a cada uno de los agentes que prestan funciones -magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas-, permitiendo el normal funcionamiento de los organismos.

Asimismo, se hace saber que se ha solicitado la intervención del Procurador General, del Fiscal de turno, de la Ministra de Seguridad y Justicia y del Jefe de la Policía para garantizar la seguridad de las personas tanto del Poder Judicial como profesionales y justiciables que concurren al edificio, permitiendo el ingreso y egreso pacífico y el correcto funcionamiento de las dependencias.

Finalmente, es preciso destacar que los reclamos exteriorizados refieren a causas judiciales en trámite y sujetas al estado procesal de las mismas y a la decisión, bajo el principio de independencia judicial, de las magistradas; procurando la mayor celeridad en los procesos. Sin embargo, hechos de violencia como los ocurridos no hacen más que dificultar el trabajo y conllevan a mayores demoras en la tramitación de las causas, en lugar de coadyuvar a la solución de los conflictos ventilados en los expedientes.

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