Medio millón de personas, la mitad del universo actual de contribuyentes, dejarán de pagar el impuesto a los Bienes Personales si la Cámara de Diputados aprueba la reforma que votó el Senado. El proyecto obtuvo media sanción a fines de octubre, y fue por unanimidad. El punto principal es la suba del piso a partir del cual se empieza a pagar el tributo, de 2 a 6 millones de pesos de patrimonio, con los inmuebles tomados a valor fiscal. El Ministerio de Economía calculó que se dejarán de recaudar 32 mil millones de pesos en 2022 con esa modificación.

“Si hay que bajar impuestos, empecemos por otros”, rechazó el diputado Itai Hagman, del Frente de Todos, a modo de resumen de lo que sería la posición mayoritaria en esa bancada. El autor de la iniciativa es el senador Carlos Caserio, también del oficialismo, quien consiguió el apoyo de todas las fuerzas políticas.

“Creo que es una ley justa y sensata, que ayuda en un momento difícil de la Argentina”, consideró Caserio. “De no actualizar el impuesto, estaríamos gravando a contribuyentes que no sería razonable hacerlo”, remarcó.

“Estamos de acuerdo siempre con un alivio fiscal al contribuyente, eso está claro. Pero esta rebaja –en verdad este aumento del mínimo no imponible para que menos gente tribute Bienes Personales- es escasa, no alcanza”, opinó en el debate de la ley la senadora Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, aunque igualmente terminó votando a favor, igual que los demás legisladores.

En los intercambios del Senado con el Ministerio de Economía, la corrección del mínimo no imponible se achicó a 6 millones de pesos, contra los 8 millones planteados en el proyecto original. De ese modo, en lugar de quedar exentos 656 mil contribuyentes, dejarán de pagar 517 mil.

“No vemos con buenos ojos el aumento que se dispuso del mínimo no imponible. Es excesivo. No hay un criterio objetivo para fundamentar esta suba. Está por encima de cualquier variable que se tome para la actualización. Supera la inflación, el aumento del dólar. Además, estamos yendo para atrás con el impuesto más progresivo del sistema tributario”, advierte Hagman.

El gabinete económico transmite una visión similar. Afirma que el trabajo de los últimos dos años estuvo orientado a ampliar la base de contribuyentes que paguen el impuesto, cerrando canales a la elusión y a la evasión. “No es que no haya que aumentar un poco el mínimo no imponible, pero lo que aprobó el Senado es demasiado”, evalúa. En lugar del mínimo no imponible en 6 millones, una cifra que se analiza en el Poder Ejecutivo son 3 millones.

La cuestión impositiva tomó temperatura en el debate interno del Frente de Todos en el marco de la elaboración del plan económico plurianual. La definición de a quién cobrar más impuestos y cómo recaudar en los próximos años moviliza discusiones.

Sobre Bienes Personales, además de las diferencias por el mínimo no imponible, Hagman asegura que la bancada oficialista en Diputados intentará avanzar con otras reformas. “Hay distorsiones y problemas estructurales que debemos corregir. Por ejemplo, los autos se toman a valor de mercado y los inmuebles, a valor fiscal. Entonces puede ocurrir que alguien que tiene dos autos pague más que aquel que tiene varias propiedades. No refleja el patrimonio real. Otro problema es que la forma de valuación cambia según el momento de la compra. De 2017 en adelante se aplican otros criterios”, menciona el diputado.

En relación a este impuesto, el gobierno de Alberto Fernández dio marcha atrás con la rebaja de alícuotas que dispuso el gobierno de Mauricio Macri. Restableció la escala progresiva, con un mínimo de 0,5 por ciento y un máximo de 1,25 por ciento, como regía durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero además creó una sobretasa para los bienes declarados en el exterior. Ese recargo, que busca desalentar la fuga de capitales, hay que votarlo todos los años en el Congreso. Es probable que cuando el bloque oficialista en Diputados trate ese tema, impulse otros cambios en la dirección mencionada más arriba.

Otras medidas impositivas de carácter progresivo por parte del Gobierno fueron la aprobación del aporte extraordinario de grandes fortunas y la reducción significativa de trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias.

Las fiscalizaciones que llevó adelante la AFIP sobre contribuyentes con patrimonios mayores a 200 millones de pesos permitieron elevar la recaudación del aporte extraordinario en 10 mil millones de pesos. Los ingresos obtenidos hasta el momento llegan a 236 mil millones. Todavía quedan por resolver 314 causas judiciales, en tanto que jueces de todo el país rechazaron 130 presentaciones y concedieron 39 medidas cautelares.

En relación a Ganancias sobre la cuarta categoría, cuando asumió Fernández el 17,6 por ciento de los trabajadores en dependencia estaba alcanzado por el impuesto. Con los cambios introducidos, ahora son el 7,6 por ciento. De 2 millones de personas bajó a 800 mil.

En esa línea, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, planteó la necesidad de debatir “una reforma tributaria integral, con sentido progresivo, a fin de reducir el déficit fiscal sin afectar el crecimiento e introduciendo equidad en el sistema”. El economista reclamó que “la proyección plurianual no implique un ajuste sobre trabajadores, los que menos tienen y las pymes, para que el plan sea económica, política y socialmente sustentable”.

El experto tributario Ricardo Koss, integrante del Plan Fénix, avanzó con propuestas específicas para aumentar la recaudación corrigiendo inequidades en los impuestos a los Bienes Personales y Ganancias.

“Los inmuebles rurales cuyos titulares son personas humanas o sucesiones indivisas están exentos de Bienes Personales. Esto se dispuso en su momento para evitar la doble imposición con el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, pero este gravamen lo derogó Macri y ya no se justifica que no estén alcanzados”, ejemplificó.

“El aumento de las valuaciones fiscales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires que aprobaron los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no fueron computados para el cálculo de Bienes Personales, que es un impuesto nacional. Es otra distorsión que hay que corregir”, indicó.

“Los no residentes pagan una alícuota de 0,5 por ciento por sus bienes en el país, en lugar de aplicar la escala progresiva que llega a 1,25 por ciento. Lo mismo ocurre con la porción de Bienes Personales que deben pagar las empresas en su calidad de responsables sustitutos de sus accionistas. Lo hacen con la alícuota de 0,5 por ciento”, agregó.

Finalmente, pidió que también haya progresividad en los pagos de Ganancias en la distribución de dividendos que hacen las empresas entre los accionistas y anular la forma de cálculo de ajuste por inflación que impuso el gobierno de Macri.

Cómo lograr que los sectores con mayor capacidad contributiva sean los que más paguen es un desafío permanente en Argentina. El plan plurianual ofrece una buena oportunidad para encarar el debate.

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