El informe final de la comisión investigadora del Senado de Brasil sobre la pandemia acusó este miércoles al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos crimen contra la humanidad, por sus decisiones y omisiones frente a la crisis sanitaria que dejó más de 603.000 muertos.

El documento leído por el relator de la comisión, Renan Calheiros, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) también acusa a otras 68 personas, entre ellas tres hijos del mandatario, tres ministros y cuatro exministros, además de empresas que participaron de corrupción y una compañía de medicina prepaga que realizó experimentos en pacientes con remedios defendidos por el gobierno como supuesta prevención a la Covid-19;

Los cargos deberán ser votados por el resto de la comisión el 26 de octubre y elevados tras ser aprobados al fiscal general, Augusto Aras, al Supremo Tribunal Federal y, en el caso del delito de crimen contra la humanidad, al Tribunal Penal Internacional de la ONU de La Haya.

“El Presidente de la República alentó reiteradamente a la población a no seguir la política de distanciamiento social, se opuso reiteradamente al uso de mascarillas, convocó, promovió y participó en aglomeraciones y buscó descalificar las vacunas contra la Covid-19", escribió Calheiros en el informe de casi 1.800 páginas.

"Esta estrategia, en realidad ligada a la idea de que el contagio natural induciría la inmunidad colectiva, apuntaba exclusivamente a la reanudación de las actividades económicas”, añadió.Hubo también una red de corrupción "nunca vista" en el Ministerio de Salud, apuntó en referencia a las acusaciones de "fraude" durante la gestión del general bolsonarista del Ejército Eduardo Pazuello al frente de la cartera sanitaria.

Según el informe, Bolsonaro será acusado de "epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; empleo irregular de fondos públicos; incitación al delito; falsificación de documentos privados; curanderismo; crimen de prevaricato; crimen de lesa humanidad y delito de responsabilidad".

Estos delitos suman 78 años de prisión en promedio, apuntó por su parte Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión

El texto también apunta a la creación de un gabinete paralelo del presidente con médicos negacionistas que distribuían remedios sin eficacia para evitar los confinamientos y alentar a la población a salir a las calles, conclusiones surgidas después de cinco meses de funcionamiento de la comisión parlamentaria que citó más de 50 testigos.

Bolsonaro será acusado de haber despreciado la compra de vacunas y de haber ocultado lo que sabía sobre corrupción en la negociación que lobistas vinculados al poder militar realizaron para adquirir en forma fraudulenta la vacuna india Covaxin.Según Calheiros, la falta de compromiso con la compra de vacunas CoronaVac y Pfizer ante ofertas de adquisición preferencial atrasó todo el plan de inmunización.

En ese sentido, apuntó que pudieron evitarse 120.000 muertes con la vacunación anticipada de los ancianos en base a un estudio de la Universidad de Sao Paulo (Usp).

Entre los acusados están el excanciller Ernesto Araújo como parte de los seguidores de Donald Trump en Brasil que han colaborado, según el informe, con el negacionismo y el rechazo a las cuarentenas.

En este grupo entran varios funcionarios como el ministro de Trabajo, Onyx Lorenzoni, el asesor en asuntos internacionales Filipe Martins, además del senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro, acusados de llevar adelante campañas de fake news con empresarios amigos para recomendar remedios no eficaces y romper la cuarentena haciendo creer a la población que estaba segura saliendo a las calles.

Bolsonaro también está acusado de un delito por el cual ya lo investiga la corte,prevaricato en un caso de corrupción en el Ministerio de Salud para la compra fraudulenta de la vacuna india Covaxin.

En la sesión, el senador bolsonarista Marcos Rogerio pidió la nulidad del informe y sostuvo que no se estaba respetando el derecho de defensa del presidente.

Le respondió el titular de la comisión, Omar Aziz, exgobernador de Amazonas, quien afirmó que Bolsonaro "cometió delitos y deberá pagar por ellos".

La comisión parlamentaria elevó también a la justicia común acusaciones contra los dueños y médicos de la prepaga Prevent Senior, que aliados a una suerte de gabinete paralelo montado por Bolsonaro, daban remedios como cloroquina a los pacientes con Covid-19 y fraguaban las historias clínicas en caso de muerte para ocultar la falta de eficacia de ese medicamento antipalúdico.

El informe indica que el Ministerio de Salud en la ciudad de Manaos y el sector privado en Prevent Senior "hicieron experimentos que trae a la memoria las prácticas nazis" con la práctica de tratamiento con remedios en pacientes con Covid-19 defendidos por el presidente y médicos llamados "negacionistas".

Este miércoles el país llegó al 50% de su población inmunizada con el esquema completo de vacunación, en el medio de una reapertura masiva de actividades tras las cuarentenas para enfrentar el colapso hospitalario registrado entre marzo y junio en todo el país.

El informe originalmente iba a ser 'aliviado' en las últimas horas ya que iba a tener la acusación de genocidio indígena específicamente, lo cual fue retirado luego de arduas negociaciones no con bolsonaristas sino con Aziz y otros senadores amazónicos."Se corría el riesgo de que si la justicia no aceptaba la acusación desde el gobierno iban a minimizar toda la investigación apenas por uno de los cargos", explicó Aziz.

Los tres senadores bolsonaristas de la comisión intentaron bloquear la divulgación del informe y el propio presidente ratificó su conducta frente a la pandemia, acusando a las cuarentenas de los gobernadores como las causantes de la actual crisis económica de inflación de alimentos y combustibles.

"Sería bueno que esta comisión parlamentaria de investigación haga algo productivo para nuestro Brasil. No hicieron nada productivo, solamente diseminar odio y rencor entre algunos de nosotros", afirmó e insistió en que requerir la vacunación o el certificado de inmunización afecta a las libertades.El mandatario ultraderechista también dijo que no respetó las cuarentenas y aglomeró durante la pandemia.

El informe también golpea en el seno del gabinete, con acusaciones contra el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, el exjefe de gabinete y titular de Defensa, Walter Braga Netto, y el ministro de Trabajo, Onyx Lorenzoni.

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