Desde Santa Fe El modus operandi del grupo Vicentin en la provincia escandalizó ayer a la Legislatura. El informe del director del Banco de la Nación Claudio Lozano sobre el “trato privilegiado” que tenía el grupo, la impunidad con la que se movía y la “protección política” del gobierno de Mauricio Macri impactó tanto en los legisladores de todos los bloques que antes que terminara el plenario, decidieron crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que se votará hoy sobre tablas, posiblemente por unanimidad. En su relato de casi tres horas, Lozano describió el entramado societario de Vicentin, sus ganancias fabulosas y cómo el Banco Nación le otorgó el conocido crédito por 18.000 millones de pesos (300 millones de dólares), violando su propias normas y mintiéndole al Banco Central, que ahora la empresa no quiere devolver. Una de las pruebas de ese “trato privilegiado” –dijo Lozano- es que mientras Vicentin dejaba de pagarle al Banco, tenía al mismo tiempo una cuenta en la sucursal Reconquista de la entidad que, entre agosto y diciembre de 2019, acumuló 795 millones de dólares (más del doble de la deuda) que debían garantizar el crédito. El presidente del Banco Javier González Fraga y el directorio “podrían haber ejecutado” esas garantías y recuperar esos 300 millones de dólares, pero no lo hicieron. “Nunca fueron ejecutadas”. Y mencionó otra de las “pruebas”: el trato directo del presidente de Vicentin Alberto Padoan con Macri, cuando los funcionarios de línea del banco “intentaban poner en caja” al grupo, González Fraga los desplazaba de las tratativas. Y así, Lozano señaló en la primera fila de responsables políticos al propio Macri, a González Fraga, a un santafesino que integraba el directorio del Banco: el ex diputado de la Ucedé Carlos Castellani, a Padoan y al otro directivo imputado en la causa penal: Gustavo Nardelli.