A partir de que la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger habilitó la realización de un Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, el departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) organizó una actividad para visibilizar un hecho histórico.  

A través de una transmisión en vivo desde la página de Facebook del CCC se formó una mesa con quienes participaron a lo largo de varios años denunciando un crimen de lesa humanidad y reuniendo evidencia para llegar a un proceso formal del caso.

Entre los participantes ‘locales’ estuvieron la investigadora qom Raquel Esquivel (de la fundación Napalpí); la investigadora Mariana Giordano (del IIGHI – Conicet / UNNE); el fiscal federal Diego Vigay, y el comunicador qom Mario Paz.

A ellos se sumaron desde Buenos Aires la integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Silvana Turner; y los investigadores de la Red en Genocidio Indígena Diana Lenton (Conicet / UBA), Marcelo Musante y Luciana Mignoli (CCC).  

En la presentación Mignoli, que ofició de moderadora, describió que el encuentro virtual se propuso pensar en definiciones sobre responsabilidades individuales, de las fuerzas militares e institucionales. “Desde este espacio nos preguntamos qué implicaría reconocer un genocidio desde el Estado nacional”, planteó.  

También recordó a Juan Chico, el titular de la fundación Napalpí que falleció a los 45 años de edad este año: “Fue uno de los primeros en escribir sobre el tema desde el pueblo qom y sus luchas hicieron que muchos de quienes estamos hoy acá nos conozcamos”.  

El sistema de reducciones 

Musante introdujo el tema señalando un contraste: “En Buenos Aires, salvo espacios de la academia, no todos saben qué fue la Masacre de Napalpí; no es algo que se conozca. En el Chaco sí se sabe y se trabaja en las escuelas, después de una fuerte militancia de la comunidad y de investigadores”.  

Antes del desarrollo describió un marco histórico: primera mitad del siglo XX, cuando en el país existían cuatros espacios de concentración de poblaciones indígenas. Esas reducciones se presentaban como parte de una política civilizatoria que iba a reemplazar el proceso de mitigamiento de las campañas militares por un modelo de educación y trabajo.

“Pero esto no fue, el sistema de reducciones tenía muchísima violencia, con familias sometidas a deudas. Cuando entraban les daban víveres, ropa y algunas herramientas creándoles con un administrador y el Estado una permanente situación de control”, señaló.  

En la historia

La trascendencia del juicio reside en que se trata del primer proceso de ese tipo en el cual el Estado argentino deberá responder por su responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad contra las poblaciones indígenas qom y moqoit.

La Masacre de Nalpalpí se perpetró el 19 de julio de 1924, durante la presidencia del radical Marcelo T. De Alvear, cuando una formación de 130 policías, gendarmes y grupos de paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de indígenas en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo.

La orden dada por el gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, buscó acallar el reclamo de originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, e ir a trabajar a los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecía una mejor paga.

Evidencia documentada

La investigadora Mariana Giordano indicó que existen numerosos registros históricos; entre ellos telegramas y cartas que enviaron productores agrícolas al gobernador Centeno o a otros funcionarios del Estado territoriano.

Otra de las fuentes de su trabajo fue la prensa del entonces territorio nacional y también de Buenos Aires: “Antes del 19 de julio se publicaron notas y reclamos sobre la necesidad de retener a esa mano de obra que buscaba migrar hacia la zafra de Salta y Jujuy; los terratenientes le pedían al Estado que haga algo para retenerla porque la necesitaban para el cultivo de algodón”, describió.

“Esas publicaciones vinieron a actualizar la idea de indios alzados en armas, ebrios, del salvajismo del malón indígena”, repasó la historiadora sobre un imaginario decimonónico de ‘civilización o barbarie’.

Escenario para una represión

“La prensa presentaba todo el tiempo una sublevación, un alzamiento, un escenario de vandalismo y hostilidad. En ningún momento de las demandas indígenas ni de los incumplimientos de las autoridades. Todo esto fue preparando una represión oficial”, remarcó Giordano.

La investigadora también encuentra vínculos con hechos contemporáneos: “El año pasado con la guardia comunitaria Whasek en El Impenetrable, también se renovaba el imaginario del malón”.

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