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20 de febrero de 2020

Sáenz Peña Estafa de viviendas judiciales: No declararon los imputados y se trabaron embargos

Fueron al menos cien las familias estafas con el sueño de la casa propia en Sáenz Peña. A fines del año 2014 se les presentó la posibilidad de comprar terrenos con la promesa de edificaciones a futuro en lo que sería "el nuevo barrio judicial" en la ciudad Termal. 

En el año 2015 después de una larga espera de meses de que los trabajos en el predio comenzaran, los damnificados denunciaron el hecho como presunta estafa ante la Fiscalía de Investigaciones de Sáenz Peña. La instancia Penal Preparatoria la lleva adelante la Dra Liliana Lupi (Fiscal de Investigaciones N°3).    Se cumplen cinco años de las denuncias que dieron origen a la investigación que tiene como imputados a Miguel Ramos referente del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco en Sáenz Peña; Luis Vargas de la Asociación Bancaria Sáenz Peña y Graciela Aranda del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco. En ese marco, la Fiscal de Investigaciones, la Dra Liliana Lupi llamó a los imputados a prestar declaración.  Según informaron fuentes judiciales a Dairio21.tv los primeros en presentarse ante la Fiscal fueron Luis Vargas y Miguel Ramos. Ambos se abstuvieron de prestar declaración. La Dra Liliana Lupi impuso cauciones en ambos imputados por el monto de $8.000.000 y $12.000.000. Durante los primeros días de marzo se espera la declaración de Graciela Aranda quien deberá presentarse ante la Fiscalía.  La estafa de viviendas judiciales: El Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) bajo la titularidad de Graciela Aranda – Secretaria General del sindicato y de la CGT Chaco – ofrecía un plan de viviendas en la ciudad de Sáenz Peña. Se “vendía” un terreno y la edificación de una vivienda. Los costos variaban conforme a las dimensiones del predio.  El "barrio judicial" está ubicado al Norte de la ciudad Termal sobre calle 12 en cercanías al Cementerio “Juan XXIII.” La compra de esas parcelas la realizó el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco pero luego fueron vendidas a la Fundación “Movimiento Obreros Solidario” que tiene dirección fijada en el domicilio particular de Graciela Aranda, Secretaria General del SEJCh. La Fundación compró el predio para evitar un embargo que recaía sobre inmuebles del Sindicato Judicial. El predio donde se edificarían viviendas judiciales para conformar el “segundo barrio judicial” sigue siendo un terreno baldío. El pago del dinero por aquellos cien proyectos habitacionales hoy significan un total de 100 millones de pesos. Fuente: www.diario21.tv

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