El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, la institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia. En un documento donde analiza las denuncias a la gestión sanitaria, las organizaciones cuestionaron también al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, por no llevar adelante una inspección exhaustiva en los centros de aislamiento y porque “no priorizó los derechos de las víctimas” en la represión de las protestas sociales.

Las entidades civiles norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias, de las que muchas “podrían considerarse detenciones arbitrarias”. La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.

En términos generales, Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

El texto no solo cuestionó a la administración de Gildo Insfrán. Las críticas salpicaron también al gobierno nacional, en particular al secretario Horacio Pietragalla, luego de que decidiera intervenir tras las protestas que culminó con represión en rechazo a la vuelta a la Fase 1 en Formosa, ante el aumento de los casos de coronavirus.

“La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”, señaló Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins.

El rol de Pietragalla y los abusos policiales

El texto repasa los distintos derechos que se vieron afectados en Formosa, como la vulneración a la libertad de prensa y el uso de la violencia policial para aplacar movilizaciones opositoras. En particular, se recuerda el impedimento de los periodistas de informar y entrar a la provincia, la aplicación de una “fuerza excesiva contra las personas que protestaron” por las restricciones excesivas por el COVID-19, entre las que se incluyó la detención y el procesamiento penal.

El informe señala que “ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia”. “Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, resalta Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins.

Los representantes de la ONG norteamericana indicaron que se reunieron el 15 de marzo con el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, para conocer las medidas que se tomaron desde su órbita. Además, solicitaron información al gobierno local y la Procuraduría General de la Nación.

El balance de esa intervención de Pietragalla fue muy crítica. Según la visión oficial, la secretaría de Derechos Humanos registró “problemas puntuales” relativos al acceso a información sobre salud y a reunificación familiar, así como casos de brutalidad policial contra miembros de comunidades indígenas. Sin embargo, para Human Rights Watch, la oficina de Pietragalla “solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda”, una de las ciudades donde se implementó uno de los bloqueos sanitarios más duros de la cuarentena formoseña.

En total, de acuerdo a la información oficial, había 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia. “El equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”, deslizó la ONG.

De acuerdo a ese descargo que hizo el secretario de DDHH, el funcionario informó que su rol fue “promover un diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”, lo que contribuyó a que “el gobierno de Formosa adoptara nuevos protocolos en febrero, así como al cierre del Estadio Cincuentenario”.

“Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos”, planteó el comunicado de la ONG.

Además, se recordó el polémico pronunciamiento de Pietragalla que condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”, en el que apuntó también a la “campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos”. Frente a esos hechos, Human Rights Watch recomendó al presidente Alberto Fernández que avance en la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano cuya estructura es independiente del Poder Ejecutivo y podría intervenir ante las arbitrariedades que afectan a los derechos de las personas. Ese cargo está vacante desde 2013 y requiere de una mayoría especial en el Congreso.

Los centros de aislamiento

Una de las críticas centrales apuntó a que las autoridades de Formosa mantuvo a personas recluidas, con resultados positivos de Covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron.

Además, el reporte recuerda que los “centros de atención sanitaria” o de aislamiento “se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos”. En el caso de Formosa, estos establecimientos impedía salir a las personas que estaban “bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”.

También se mezclaban a las personas que compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, indicaron.

Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Por su carácter obligatorio, la disposición implicaba una “privación de la libertad”.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19″, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.

El caso de Clorinda

El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades terminaron encerrando a la mujer y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el día siguiente.

Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un “bloqueo sanitario”, donde suspendieron el transporte público y exigieron que todos quienes pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.

Fuente: Infobae

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