Luisina Nicol Biagiola, una nena de 13 años, fue asesinada de un balazo en el pecho en la madrugada del jueves último en el barrio Godoy, zona oeste de Rosario. A cinco cuadras de distancia, diez días antes, una pareja había sido atacada a tiros junto con su beba de un año y medio, que sufrió seis heridas de arma de fuego. Otra niña de 8 quedó el martes pasado en medio de una ejecución narco en Rouillón y Maradona, en el mismo sector de la ciudad, y recibió un tiro en una pierna. Los menores no están a salvo de la violencia del narcotráfico y que sean víctimas por error –a veces fatales– de una emboscada se volvió cotidiano. En la ciudad, solo en enero, hubo un promedio de tres heridos por arma de fuego por día, lo que exhibe que nunca bajó la violencia que volvió a tener un rebrote el año pasado.

La menor de 13, que murió este jueves en el Policlínico San Martín, fue baleada mientras estaba con sus familiares en la planta baja de su casa. Su domicilio y otro lindero fueron rociados a balazos por dos personas que se bajaron de un Fiat Palio. En el lugar fueron encontradas 40 vainas servidas de tres calibres distintos. La casa de Luisina estaba ubicada, según investigadores policiales, a escasos metros de tres puntos de venta de droga de barrio Godoy. Esa información, sumada a la mecánica de la balacera, robustece la hipótesis de una disputa entre bandas narco.

Además, a 200 metros de allí, está ubicado otro sector donde vendían droga los hermanos Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero y Alexis Claudio “Tartita” Schneider, hijos del ex líder de Los Monos, “El Viejo” Cantero. Y testimonios indican que también allí sigue operando la organización de Esteban Alvarado, que está preso. La Justicia local sigue de cerca desde hace un año movimientos hechos por Los Monos hacia la zona oeste después de las detenciones de “Chanchón” Cantero y “Tartita” Schneider, que tiene correlato con balaceras, usurpaciones y homicidios.

Actualmente hay disputas entre bandas narco. No es novedad. Lo que sí es curioso es que ya no está tan delimitado el territorio de cada uno porque, según fuentes que conocen la zona, hubo una gran atomización de distintas organizaciones. A diferencia de Los Monos, René Ungaro, Los Funes, Los Caminos, Los Romero, Alvarado, que son conocidos en el hampa local, estas nuevas “células” tienen estructuras débiles, con eslabones difíciles de descifrar para el Ministerio Público de la Acusación.

A veces, integrantes de esas bandas se pelean y se enfrentan por un motivo ajeno a sus negocios, como el simple hecho de “mirar mal” al otro, según afirmó una experimentada investigadora judicial. Dentro de esas estructuras débiles, los gatilleros son los más fluctuantes porque son los más expuestos al riesgo. Cobran dinero “fácil” por una tarea que lleva pocos segundos, una logística rústica, pero están cerca de un posible tiroteo o enfrentamiento con la policía.

Lo llamativo es que la Policía de Santa Fe y los fiscales provinciales saben dónde e incluso quienes venden droga, sin embargo, la justicia federal tiene una lentitud propia de una vieja estructura y un antiguo sistema acusatorio. Solo los jueces Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque son los encargados de la persecución de delitos federales en el departamento Rosario y San Lorenzo. “Tenemos que reflotar el convenio con la Procuración General de la Nación. Hace tiempo que no hay acciones coordinadas”, añadió el fiscal general Jorge Baclini en declaraciones radiales en relación a los pocos allanamientos conjuntos que hay en la ciudad.

Por la pereza de la Justicia federal, los miembros de las bandas caen generalmente por dos motivos en Rosario: asesinados o detenidos por un delito provincial relacionado a la droga. Ocurrió con Los Monos, que cayeron primero por un juez provincial; Esteban Alvarado, también por fiscales provinciales; o narcos como Marcelo “Coto” Medrano o Luis Medina que fueron acribillados, y pese a conocerse que eran jefes de organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes transitaron lujosas vidas sin dar una sola explicación ante jueces federales.

A este cuadro se debe agregar un dato relevante: la falta de recursos de la Policía provincial. Cuenta con menos de 100 patrulleros por turno para una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes. De ese total de móviles, de acuerdo a fuentes oficiales, entre el 30 y el 50 por ciento (según el horario) están afectados a custodias fijas ordenadas por la justicia provincial. Muchas veces, esos “puntos fijos” están en la puerta de miembros de bandas para supuestamente prevenir nuevos ataques.

“En Rosario hay un proceso de guerra por el narcotráfico y el narcomenudeo”, dijo este jueves el jefe de la Policía de Rosario, Adrián Forni, en conferencia de prensa tras cinco muertes violentas en 24 horas, de las cuales dos fueron personas que estaban lesionadas en grave estado desde hacía varios días en distintos hospitales por diferentes ataques.

Antes del crimen de Luisina Biagiola hubo otro hecho doble cuya mecánica tuvo una ferocidad similar. Fue en Rueda y Vera Mujica, en barrio San Francisquito, en la zona sudoeste de Rosario. Un remisero y una pasajera fueron acribillados a tiros por un sicario que estaba esperando que el auto detuviera la marcha, según los datos recolectados en la investigación. No estaba claro a quién iban destinados los disparos, más allá del sello narco en la ejecución de la emboscada.

Los asesinatos, salvo en el centro de Rosario, pueden tener lugar en cualquier barrio y a cualquier hora. Las zonas donde más se acentúa la violencia es el sector sur, en los barrios Las Flores y Tablada; en el distrito oeste, principalmente en barrios como Triángulo y Godoy; y en el noroeste, mayormente en Ludueña o Empalme Graneros.

En todos esos territorios calientes quedaron terceras líneas de antiguas bandas que dirimen la puja territorial a tiros. Si bien ya no existe la famosa y conocida estructura de Los Monos y solo quedó Ariel Máximo “Guille” Cantero como cabecilla, varias bandas le venden al capo del clan Cantero su mano de obra para distintos trabajos. Hay una especie de tercerización de delitos que siguen siendo ordenados por ese preso de alto perfil que está en el penal federal de Marcos Paz y que cada vez que habla por teléfono corre la cámara que apunta a su celda con un palo de escoba, según ya reportó el Servicio Penitenciario de esa jurisdicción.

Lo cierto, por otra parte, es que no bajó la violencia más allá de las estadísticas.

En Rosario hubo, de acuerdo a datos oficiales, 21 asesinatos entre enero y los 12 días que lleva febrero. En el mismo período de tiempo, pero del año pasado, hubo 30. El número marca un descenso de homicidios dolosos. Pero esa fría estadística a su vez muestra que no bajó la violencia, sino la puntería.

En enero de este año en el departamento Rosario hubo 13 asesinatos y 90 personas heridas de arma de fuego, un promedio de casi tres por día, según datos del Observatorio de Seguridad Pública cuyos datos son coordinados entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ese mismo mes, pero del año pasado, hubo 77 heridos de arma de fuego y casi el doble de crímenes (22).

“No hay más muertos porque Dios es santafesino”, dijo en junio del año pasado el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain. Los números visten esa declaración que por entonces causó revuelo.

Desde la Policía de Rosario estiman que, en enero pasado, de los 90 heridos de arma de fuego, el 30 por ciento fueron víctimas de robos violentos. Y el restante 70 por ciento se debe en su mayoría a peleas entre organizaciones criminales que buscan mostrarse mutuamente su poder de fuego y su peso en el negocio narco.

Párrafo aparte merecen quienes jalan el gatillo. Sain dijo en varias oportunidades que en Rosario hay “una fábrica de gatilleros y sicarios que es asombrosa”. La fiscal de Investigación y Juicio Valeria Haurigot explicó el 25 de enero pasado que, según las causas que tuvo a su cargo, los encargados de balear los frentes de casas lo hacen por alrededor de tres mil pesos y una moto para la movilidad. Y los sicarios, aproximadamente 50 mil pesos por una ejecución.

En medio del ascenso de la violencia y la inseguridad, la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe convocó para este viernes al ministro del área, Marcelo Sain, a explicar el plan que tiene pensado aplicar durante la gestión del gobernador Omar Perotti.

Sain aceptó ir al encuentro, pero puso condiciones: que se haga en el recinto de la Legislatura y con la presencia de la prensa para que se pueda transmitir la discusión. Como la oposición se negó a hacer lugar a esos requisitos, el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria no concurrirá.