Ginés Mario González García, nicoleño de 75 años, podría haber optado por no ser ministro de Salud de la Nación, un cargo en el que ya estuvo desde el 2002 hasta diciembre de 2007, cuando dejó la cartera para ir a la Legislatura de la Ciudad, una batalla en la que lo embarcó el por entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández para alejarlo del Ministerio.

Pero con el mismo énfasis con el que se opuso a asumir el cargo de diputado porteño y solo aceptó un “exilio” en la embajada argentina en Santiago de Chile, no paró hasta lograr sentarse otra vez en el magnífico despacho del 2º piso con boisserie francesa y un fresco increíble de Benito Quinquela Martín.

“Digamos todo. En los años en que gobernaba Néstor (Kirchner) no tuvo buena relación con Alberto, más bien lo contrario, pero fuera del poder se reconciliaron y mejoraron mucho el vínculo”, contó a Infobae un amigo que conoce a ambos desde hace décadas. Agregó que “de todos modos, Ginés no era el candidato para Salud, sino Pablo Yedlin (actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados), a quien Cristina (Fernández de Kirchner) vetó de plano por ser un cuadro técnico del gobernador (de Tucumán) Juan Manzur, a quien considera su enemigo”.

“El Gordo quedó porque estaba con la manito levantada y una gestión muy valorada entre las minas”, léase, el colectivo feminista que militó por años a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que González García respaldó cuando ningún funcionario se animaba a hablar de aborto y mucho menos a enfrentar al Iglesia argentina por lo que muchos peronistas tradicionales consideran un verdadero sacrilegio. Él es un peronista tradicional, pero no en materia de salud sexual y reproductiva y derechos de la mujer.

“Ginés creía que llegaba el Frente de Todos, lograba aprobar el IVE y él se volvía a la Fundación Isalud a gozar del prestigio y escribir sus memorias. Creía que ya nada lo sorprendería”, contó una médica que fue parte de su equipo hace varios años. Pero llegó el COVID-19, que primero minimizó como problema (lo que lo llevó a aconsejar muy mal al Presidente). Le costó varios meses encontrar el rumbo y cuando lo logró, la credibilidad sobre sus políticas ya habían iniciado el camino de la crisis sostenida y las internas en el Gobierno ya estaban desatadas.

En el medio de la multiplicación de contagios, el sistema de salud público y privado crujió. Tanto el Ministro como su equipo más cercano mantuvieron reuniones con los distintos actores de la complejísima cadena que debería brindar cobertura a 40 millones de personas (se calcula que unas 15 millones de habitantes no tienen ninguna), donde no siempre están contempladas la calidad y la equidad en el servicio, un sistema que integran obras sociales nacionales, provinciales, el PAMI, la medicina prepaga y las mutuales.

Con los números estudiados y una propuesta ya acordada con el Presidente y muy concreta, el 25 de noviembre González García participó de una reunión de Gabinete económico donde se habló de las reformas estructurales que debían iniciarse en el sector ante la perspectiva de que se venía un año más de dura pandemia, incluyendo la seguridad social, prestadores y financiadores del sistema.

En la reunión participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la vicejefa, Cecilia Todesca, los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Fue la única vez desde el inicio del Gobierno que el titular de Salud participó de un encuentro de estas características.

Allí se terminó de acordar un paquete de medidas para el sector privado de salud, de modo que no vuelva a suceder lo que ya había pasado el 3 de noviembre pasado, cuando a través de la resolución del Ministerio 1787 se dejó sin efecto una resolución del 15 de octubre, la 1786, que anticipaba aumentos del 10% a las prestaciones en diciembre y otro 10% en febrero de 2021. En la resolución que anuló la anterior se habló de “error material” que obligó a dejarla sin efecto.

Obviamente que el Ministro había hablado con el Presidente para tomar esa decisión, pero como varios se quejaron por no haber sido consultados, trabajó con cada uno para alcanzar un nuevo horizonte, parte del cual se materializó con un aumento del 10% para el mes de diciembre y otra resolución que le anticipó Cafiero a Claudio Belocopitt el 29 de diciembre, titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), según confirmaron empresarios del sector.

Efectivamente, apareció publicada el 31 de diciembre a las 8 de la mañana con el número 2987 otorgando un nuevo aumento a partir de febrero del 7% por motivos de la emergencia sanitaria que dejó al sistema de salud en una dramática crisis. Se sabe. Cuatro horas después, y sin explicación ni motivo, se dejó sin efecto la resolución anterior

Si González García estuvo todo el año bajo la picota, esa desautorización tronó en el mundo de salud, sobre todo cuando se enteraron que hasta su mano derecha en el tema, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (el organismo que regula y controla a las obras sociales nacionales y la medicana prepaga), Eugenio Zanarini, se descompensó y hubo que ponerle un stent. Pero el Ministro tiene fama de ser un Highlander, el último inmortal, y no se inmutó.

¿Se va o no se va? En Casa Rosada no quieren decir nada, pero es notorio que algo sucedió la semana pasada. No solo el Jefe de Gabinete adelantó unas horas un viaje a Chilecito para evitar presentarse con Ginés en el inicio de la segunda dosis de la Sputnik V, sino que el Presidente fue a inocularse al Hospital Nacional Posadas, que es de su jurisdicción, pero no quiso mostrarse con él. Igual, desde su cuenta de Twitter, Ginés informó que él también se había puesto la primera dosis de la Sputnik V, como había prometido.

El martes y miércoles formará parte de la delegación que acompañará a Fernández en una visita de estado a Santiago de Chile, junto al canciller Felipe Solá, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. “Además, ¿por qué se iría? ¡No! Está muy entusiasmado con el plan de vacunación”, aseguran cerca del Ministro.

El Plan Estratégico para la Vacunación en la Argentina contra el COVID-19 que González García presentó al Gabinete nacional el pasado 23 de diciembre, supone una vacunación por etapas, gratuita y voluntaria, para el cual el Gobierno aportará, progresivamente, 54.431.000 millones de vacunas e insumos necesarios para inmunizar a la población objetivo, transferencias a las provincias por 3.500 millones de pesos para la compra de equipamiento, logística, recurso humano y otros insumos, más voluntarios y la capacitación específica para vacunadores y registradores.

En base a estos números, y considerando que se requieren dos dosis y que se calcula una tasa de pérdida estimativa del 15%, se alcanzaría a vacunar entre 23 y 24 millones de personas. Para ampliar ese total de acuerdos ya firmados (que incluyen los 20 millones de vacunas Sputnik V, 22.4 millones de AstraZeneca y 9 millones a través del sistema COVAX de la OMS), es que se continúa negociando con otras empresas proveedoras como Pfizer, Sinovac y Sinopharm.

La tarea de los registradores no es menor, ya que son los que deben validar identidad de las personas con su DNI, entregar un carnet de vacunación con el recordatorio para la aplicación de la segunda dosis y realizar la carga en los registros digitales con el sistema nacional, lo que permite hacer el seguimiento de los vacunados en tiempo real y monitorear los posibles efectos adversos.

Cuando el 35% del personal de salud ya esté vacunado con las 600.000 dosis de Sputnik V (300.000 esquemas) que llegaron al país, donde se priorizó a los que están en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 como terapistas, personal de enfermaría y de guardia, la campaña de vacunación iniciará su próxima etapa.

Concluida la vacunación al resto del personal de salud, de seguridad, Fuerzas Armadas y servicios penitenciarios, se continuará el plan en los grandes aglomerados urbanos, “donde la evidencia indica que se presenta una mayor proporción de casos confirmados, con transmisión comunitaria sostenida y las mayores tasas brutas de mortalidad”.

La base, en este caso, es según riesgo de enfermedad grave, en línea descendente: adultos de 70 años y más, personas mayores residentes en hogares de larga estancia (geriátricos), adultos de 60 a 69 años, adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo, seguido por personal docente y no docente y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

Estas variables se cruzan con otro criterio, el de vulnerabilidad, en línea descendente: barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes, docentes universitarios. Otro aspecto clave es que la vacuna será provista por el Estado nacional a todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura sanitaria y la nacionalidad.

Para llevar adelante la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19, se cuenta con 7.749 establecimientos de salud acondicionados para vacunar y 116.000 integrantes de los equipos de vacunación, de los cuales 36.000 son vacunadores y 80.000 son personal de apoyo como registradores y orientadores.

El Gobierno argentino tiene un Plan Nacional de Vacunación contra la pandemia que está validado por expertos independientes, organismos internacionales, responsables de todas las jurisdicciones del país, de todos los ministerios, funcionarios, capacitadores y voluntarios comprometidos y perfectamente consustanciados con este desafío que no tiene precedentes en la historia del país, pero en lugar de salir a comunicarlo con orgullo y pasión, se debate en un sinnúmero de internas políticas y diagnósticos tan opuestos acerca de cómo sacar al país del abismo, que llama la atención la todavía relativa tolerancia de la población.

Fuente: infobae