Los empleados de una de las cuatro secretarías de ese juzgado, ubicada en el segundo piso del edificio, comprobaron el 29 de diciembre pasado el faltante del dinero que estaba guardado en una caja fuerte

Según trascendió, la secretaria a cargo de la oficina que fue robada, la jueza María Verónica Skanata, titular del juzgado, y la fiscal subrogante Silvina Gutiérrez dieron aviso inmediato al escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional con asiento en Posadas para que realizara las primeras averiguaciones.

La primera hipótesis apuntó a tres empleados de la empresa de limpieza que habían comenzado a trabajar apenas un mes antes en el juzgado, realizando tareas de desinfección y sanitización durante la tarde.

Se trata de tres empleados de 31, 37 y 23 años, a los que les allanaron sus respectivas casas en los barrios A4 (uno de los más periféricos de Posadas, Villa Cabello y Santa Rita. Pero en esos allanamientos, ordenados por la fiscal Gutiérrez, no dieron con la prueba que se buscaba: el dinero robado.

Según pudo averiguar LA NACIÓN la investigación principal la está realizando internamente el juzgado a cargo de Skanata, que maneja todo con hermetismo. La Gendarmería solo participó en los allanamientos, en una inspección ocular del lugar del robo y en otras tareas auxiliares a esa investigación interna.

El edificio tiene seis plantas, y en el 5° y 6° piso funciona también el juzgado Federal en lo Civil y Comercial.

En ninguno de los pisos hay cámaras de seguridad, ya que la única unidad de videovigilancia está instalada en la mesa de entrada. A pesar de que las autoridades recibieron presupuestos para instalar esos sistemas de control en todo el edificio, optaron por no avanzar con esas medidas de seguridad.

La seguridad de los magistrados
El hecho vuelve a arrojar un manto de preocupación sobre la seguridad con la que trabajan jueces, fiscales y demás oficiales de la Justicia en esta región. Sobre todo aquellos vinculados a causas de narcotráfico en esta zona "caliente" del país, con una frontera amplia y porosa con Paraguay y Brasil.

A mediados del año pasado causó estupor en el ámbito judicial las revelaciones de un minucioso plan para atentar contra el juez de instrucción N°3 de Posadas, Fernando Verón por parte del Primer Comando Capital (PCC) brasileño, con la participación de cuatro sicarios que fueron detenidos casi de casualidad en un control de rutina de la Gendarmería.

Las revelaciones en aquel momento provocaron gran preocupación, ya que se descubrió que los sicarios planeaban ejecutar al juez en la vía pública. Ese grupo preparaba un ataque con un nivel de violencia desconocido en la Argentina.

En aquella oportunidad, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) emitió un comunicado exigiendo mayores medidas de prevención.

También recibió amenazas de muerte el juez federal de Eldorado, Miguel Angel Guerrero, a cargo de un tribunal con causas vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y el accionar de presuntas células terroristas en la Triple Frontera.

"Si yo contara la cantidad de amenazas de muerte que tuve, es cierto que tomo los recaudos correspondientes por mi familia y por mi y tengo custodia asignada por un juez", dijo Guerrero en una entrevista al portal Misiones Plural en agosto pasado.

El millonario robo en el juzgado federal de Posadas expuso, más allá de las dudas por la facilidad con la que actuaron los ladrones, la escasa vigilancia que tienen los despachos de los jueces que llevan adelante numerosas causas contra peligrosas bandas narco.

Fuente: La Nación