Apenas hubo un intervalo de cuatro años, que se dio en el gobierno de Mauricio Macri , donde se generó una reducción de las dotaciones en la llamada administración pública nacional (APN, que cuenta los trabajadores de los ministerios y algunas agencias del Estado. Después siempre se vio expansión.

Cuando llegó al poder, el presidente Alberto Fernández se encontró con una plantilla de 742.690 empleados en lo que se llama el sector público nacional (SPN). Allí se suman todos los empleados de los ministerios, los entes descentralizados como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las Fuerzas Armadas y de seguridad, las universidades, las empresas públicas y los poderes Judicial y Legislativo.

Pero claro, ese número dice poco si no se mira qué pasó con aquella plantilla en los últimos 15 años. En 2005, ese universo era de 540.372 trabajadores. Por entonces empezó la expansión de la plantilla. La expresidenta Cristina Kirchner se fue del poder y la planilla de cálculos mostraba en el casillero del total el número 798.702. Dicho de otra forma, la cantidad de sueldos a pagar aumentó 47,8%. Con el gobierno de Cambiemos, desde 2015 a 2019, ese número era de 739.149, lo que significa que se redujo 7,4%.

Si se hace zoom en ese sector hay algunas muestras interesantes. El SPN contiene a la administración central, que es la única que depende del Poder Ejecutivo. La APN contaba con 124.409 puestos de trabajo en 2005 y terminó 2015 con 237.889. El matrimonio Kirchner aumentó un 91,2% la plantilla; les dieron trabajo, o un sueldo, a 113.480 agentes nuevos.

En diciembre de 2015, cambió el representante del empleador. Con Macri ese número cayó un 18,5% y entregó las llaves de la Casa Rosada a Fernández con 193.084 dependientes.

Mirar el Estado argentino con lupa es un ejercicio que no deja de sorprender. Esta expansión de la APN se produjo con una norma vigente: no se puede incorporar agentes a la administración pública. No parece posible imaginar qué hubiese sido del Estado sin esa prohibición.

Lo real es que como no se puede incorporar a la llamada "planta permanente", las administraciones siempre se las arreglaron para esquivar la prohibición y contrataron empleados con las llamadas locaciones de obra o locaciones de servicio. A diciembre de 2019, último dato que se tiene consolidado -de acuerdo con el Boletín Fiscal y los datos oficiales del anterior Ministerio de la Modernización que manejó Andrés Ibarra- el 68% del plantel está formado por las plantas permanente y transitoria; el resto, 32%, son contratos. Justamente, gran parte de esos contratados serán pasados a planta permanente, según los anuncios en la Casa Rosada a propósito del acuerdo salarial con los gremios estatales donde, además de 24% de aumento, se negoció la incorporación de 29.000 contratados.

En medio de un mercado laboral en baja (los números del Indec mostraron recientemente otro aumento del desempleo), el Estado y el empleo público se han convertido en muchos lugares de la Argentina en una suerte de seguro. Mucho más allá de la motivación o de la necesidad o no de más recursos humanos en una determinada área, Alberto Fernández incorporará a gran parte de esa plantilla.

Además de la administración pública, las Fuerzas Armadas y de seguridad cuentan con 194.000 agentes, un número similar al que tienen las universidades nacionales, mientras que el Poder Judicial anota otros 22.916 empleados.

Un párrafo aparte merece el Poder Legislativo. Actualmente hay 72 senadores y 257 diputados, lo que da un total de 329 legisladores. La planta actual llega a 12.218, por lo tanto, cada uno cuenta con 37 trabajadores, en promedio.

Las empresas públicas, siempre según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresaria (OEDE) que realiza el Ministerio de Trabajo, tienen 112.983 dependientes y allí no se cuenta YPF (9611) ni tampoco YPF Gas (584). Además, deberán sumarse 1700 más que, desde la estatización de los corredores viales, pasaron a una sociedad anónima cuyas acciones son del Ministerio de Transporte

Una mirada al interior
La cuestión del tamaño del Estado no solamente es un tema nacional, sino que, por sobre todo, es provincial.

Allá lejos y hace tiempo, en 2005, las provincias tenían anotados en sus nóminas 1,64 millones de empleados. Pero la expansión siguió. En 2015 ese número terminó en 2,3 millones, es decir, creció 40,5%. Con Macri, las provincias incorporaron 29.739, es decir, en cuatro años subió 3% el empleo público.

Los municipios de todo el país tenían 399.001 empleados públicos, sumaron 176.561 dependientes y llegaron a 2015 con 575.562, un 44% de aumento. Durante la administración de Cambiemos la cuenta siguió creciendo y llegó a 30.184, es decir, 5,2%.

Ibarra inició un proceso para intentar tener un sistema de "dotación óptima". Se trataba de entender en qué lugares el Estado necesita más recursos ya que en los pliegues de la administración central hay muchos rincones con dotaciones sobredimensionadas, mientras que, en otros, se ven faltantes.

Otro de los puntos que generaron polémica entonces fue el control del ausentismo con la instalación de sistemas de verificación como huellas dactilares. Fueron resistidos y en muchas agencias del Estado se festejó el regreso del kirchnerismo con la desconexión de esos dispositivos. Ahora se negoció el pago del presentismo con los dos gremios más importantes de empleados públicos, ATE y UPCN. No se conoce cómo se verificará la concurrencia o no.

El Estado como empleador disimuló todas las crisis de generación de empleo. Terminó el año pasado con 3,74 millones de empleos, un 40,3% más que en 2005. Acá se explica parte del incesante gasto público. Y también, la necesidad de cobrar cada vez más impuestos.

Fuente: La Nación