El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto a funcionarios del gabinete provincial, se reunieron por videoconferencia con autoridades del Superior Tribunal de Justicia y con representantes de la parte peticionaria en el Caso Encaje. El poder Ejecutivo aceptó su responsabilidad en la denegación de justicia del caso, aspecto que constituye el primer punto necesario para alcanzar una solución amistosa. “El fin de esta reunión fue avanzar en el diálogo sobre los puntos de acuerdo para cumplimentar con las acciones que le competen al Estado chaqueño”, expresó el gobernador. “Ratificamos que para este caso el Poder Judicial aceptó la denegación de justicia, nosotros como poder Ejecutivo de la provincia asumimos la denegación de acceso a la justicia por parte de ambos poderes, y pretendemos la viabilidad del resto de los puntos. Esto implicaría pasar a la segunda instancia del acuerdo”, señaló Capitanich. En concordancia con el mandatario, la presidenta del STJ, Iride Grillo, manifestó su voluntad de avanzar en el acuerdo de solución amistosa propuesto por la parte peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reafirmó la prioridad de garantizar la premisa de “nunca más violaciones a los derechos humanos en democracia”. La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, indicó que “se trató de una reunión sumamente significativa” ya que de esta manera se generan las condiciones para pasar a la próxima instancia de negociación que implica la ejecución de políticas públicas de asistencia a las víctimas. La funcionaria manifestó que el caso Encaje es “uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos y violencia de género de la provincia”, y en ese sentido reconoció el trabajo incansable de la familia en la búsqueda de justicia. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, aseguró que “tanto el pedido de perdón del gobernador como la aceptación de denegación de justicia significan caminar hacia una reparación moral hacia la familia y una reparación social para todos los chaqueños y chaqueñas”. “Entendemos que para poder mejorar, el Estado chaqueño debe admitir las cosas que no se han hecho bien. Este es el primer paso hacia los puntos de una solución amistosa, y es el resultado de cinco reuniones de las mesas de diálogo entre la parte peticionaria y el Estado chaqueño junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, amplió Nayla Bosch. Precisamente el primer punto del petitorio, elaborado por la Asociación de Víctimas “Usina de Justicia”, es el reconocimiento internacional y público del Estado asumiendo su responsabilidad por la denegación de Justicia, con plena divulgación en los diarios “Clarín”, “La Nación” y “Diario Norte” y la publicación del acuerdo de solución amistosa suscrito en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; paso ya logrado. El documento estipula otros seis puntos fundamentales: un homenaje para las víctimas y sus familias en su larga lucha por justicia; analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo; la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las Personas Víctimas de Delitos; la creación del observatorio de víctimas de delitos, en el ámbito del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo; la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y para garantizar la cadena de custodia de las pruebas y efectos secuestrados, buscando optimizar y agilizar la investigación de las causas penales complejas; así como la adhesión de la provincia al Registro nacional de Datos Genéticos de personas condenadas por delitos vinculados a la integridad sexual y la creación de un registro provincial de Datos genéticos autónomo. La ministra de Seguridad y Justicia, Gloriza Zalazar, manifestó por su parte que “fue un encuentro muy emotivo” a partir del cual pudieron escuchar a los familiares. “Con este acuerdo amistoso entre la familia y el Estado se abre un camino de reconciliación y de perdón pedido por el gobernador, así como de propuestas y soluciones a través de políticas públicas planteadas por la familia, que nunca pidió un reconocimiento ni una indemnización pecuniaria", agregó. Participaron además el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo; la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch; la directora de Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Roxana De Los Santos; la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle; la subsecretaria de protección y enlace internacional de Derechos Humanos de la Nación, Andrea Pochak; por la parte peticionaria Andrea y Pablo Martínez y Silvina Encaje, el abogado de la familia, Carlos Bermejo, y Fernando Soto y Marina Romano, de Usina de Justicia *El caso* Amanda Graciela Encaje, fue asesinada el 8 de abril de 1992, en las instalaciones de la empresa Supercemento S.A. ubicada en la ciudad de Resistencia, lugar donde era secretaria. Refieren que su cuerpo fue encontrado junto con el de Néstor Blas Vivo, quien era director de dicha empresa. Afirman que ambos fueron golpeados y torturados, y que una de las autopsias realizadas a la víctima, indicó que fue violada. Alegan que, cerca de los cuerpos se encontró una importante suma de dinero correspondiente a parte de sus salarios, lo cual evidenciaría que los hechos no se vincularon a un robo. Indican que operarios de la empresa dieron aviso a la policía horas después de haber encontrado los cuerpos, y tras informar a distintos puestos jerárquicos, produciéndose así un retardo en la denuncia.