Esta semana, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley con una nueva fórmula de movilidad para la actualización semestral de las jubilaciones y pensiones. La nueva fórmula está compuesta en un 50% por la evolución de los salarios y un 50% por la recaudación tributaria, pero no incluye a la inflación.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ya anticipó el rechazo de ese espacio opositor a la nueva fórmula de actualización de los haberes previsionales. “No es venganza por las piedras de 2017”, señaló, en referencia a los incidentes cuando se votó la fórmula de movilidad durante el Gobierno de Mauricio Macri. “El ministro (Martín Guzmán) fue al Congreso y dijo que el programa era el Presupuesto, que calcula una inflación del 32%. Los economistas calculan el 50%. Y vos sacás la inflación de la fórmula. De marzo para acá han ido perdiendo $1.000 pesos por mes los jubilados”, señaló en declaraciones en el canal América.

“Vamos a defender la fórmula del 2017. Es trimestral, ajusta por inflación, y es menos pro cíclica que la nueva propuesta" (Luciano Laspina)
“Nosotros vamos a defender la fórmula del 2017. Es trimestral, ajusta por inflación, y es menos pro cíclica que la nueva propuesta. La nueva fórmula propuesta por el Gobierno no protege de la inflación más cuando es muy volátil como en la Argentina”, señaló a Infobae el diputado Luciano Laspina. La fórmula de movilidad aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri fue suspendida en diciembre de 2019 y se basaba en 70% de la inflación y 30% del promedio de los salarios y se debía aplicar trimestralmente (en marzo, junio, septiembre y diciembre), aunque con un rezago de seis meses en los índices de referencia.

Los legisladores de la oposición, además, criticaron que luego de tres meses de discusión en la Comisión de Movilidad Previsional, el Poder Ejecutivo presentó “sin consenso” una nueva fórmula de movilidad previsional que, básicamente, es la misma que la fórmula que estuvo vigente desde 2008 hasta 2017.

“Por un lado, se abandona la variable de inflación, el Indice de Precios del Consumidor, de la fórmula de movilidad, lo cual no compartimos. Por definición, esta variable tiende a preservar el poder adquisitivo de los jubilados. Y al removerla se quita esa garantía”, explicó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente 1º de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados y miembro de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional.

Cacace también criticó la inclusión de la recaudación como variable de movilidad. “No es necesario para asegurar la sustentabilidad del sistema. Un tema que fue largamente debatido en la Comisión Bicameral, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asista al Tesoro con el pago de haberes cuando sea necesario. De hecho, se aprobó recientemente una Ley que explicita esta circunstancia, que ya estaba prevista en la normativa que regula al fondo”, agregó.

“Se ajusta sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año. Esto, además, es malo para la economía, porque profundiza los ciclos económicos” (Alejandro Cacace)
Pero, además, consideró que la recaudación es una variable procíclica, lo que implica que cuando la economía vaya bien, los haberes van a crecer, pero cuando la economía esté en recesión, los haberes van a disminuir. “De esta forma, se ajusta sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año. Esto, además, es malo para la economía, porque profundiza los ciclos económicos”, señaló. Este jueves a las 10 volverá a reunirse la comisión bicameral.

“Es el ajuste del Presupuesto 2021 que recaerá sobre el sector. Nosotros defendemos la inclusión del IPC en la fórmula en alguna proporción. Similar a la fórmula suspendida”, coincidió el diputado Luis Pastori, de la UCR.

La nueva fórmula, según detallaron desde la Anses, contempla un 50% de la variación semestral del valor del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y un 50% de la recaudación tributaria. En el primer ajuste (en marzo de 2021) se toma en cuenta la variación interanual del semestre. Y en el segundo ajuste (septiembre de 2021), la recaudación total, es decir, la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos 12 meses. Los períodos tienen un rezago de tres meses respecto a la movilidad aplicada.

En tanto, el Gobierno defendió la fórmula propuesta: en un documento difundido este martes, destacaron que tiene “sustentabilidad jurídica” al recuperar la esencia de la fórmula de 2008 que no tuvo litigios y es “jurídicamente robusta”.

Además, señalaron que la nueva fórmula cuenta con sustentabilidad, ya que considera la evolución de los salarios, los recursos de la Anses (tributarios y totales) y la evolución de los beneficios del organismo. Y también tiene suficiencia, ya que garantiza que en momentos de crecimiento, los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación.

La opinión de los abogados previsionalistas

Luego de conocerse la nueva fórmula de movilidad propuesta por el Gobierno, varios abogados previsionalistas advirtieron que el cambio —que debe ser aprobado por el Congreso— podría abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales por parte de los jubilados.

Por un lado, porque no se compensa a los jubilados por las pérdidas en sus haberes frente a la inflación de los últimos años y, además, si el próximo año los aumentos otorgados quedan por debajo de los aumentos promedio que reciben los trabajadores activos, por el impacto del tope que pone la recaudación.

“La movilidad de los jubilados va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino su voluntad política. Va a haber un conflicto de políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrán tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio, y entonces el sacrificio será de los jubilados. Los jubilados terminarán pagando el costo de la totalidad de las medidas sociales. Es absurdo”, advirtió la abogada Elsa Rodríguez Romero, especialista en Seguridad Social.

Según la abogada, la movilidad de los jubilados tiene que seguir a los salarios, pero la fórmula solo la contempla en un 50%. “Le van a dar a los jubilados la mitad de algo que el año que viene va a aumentar poco, como los salarios y la otra mitad de algo que va aumentar menos todavía. Los jubilados van a tener menos aumento que los trabajadores activos. Si al cabo de un tiempo, la movilidad da menos que el índice salarial, en una magnitud determinada, va a haber juicios”, estimó Rodríguez Romero.

Por su parte, el abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que mide la evolución de los salarios, puede verse afectado en los próximos meses porque muchos convenios colectivos se firmaron con aumentos no remunerativos, que luego no son reflejados.

Pero para Tróccoli es clave que el proyecto no haya contemplado las pérdidas pasadas. “El haber máximo de las jubilaciones en los últimos tres años perdió un 30% frente a la inflación. Fueron los más perjudicados. El Gobierno dice que la ley mira para el futuro. Al no devolverles ese 30%, tienen derecho a reclamar —dijo el abogado—. Esto no es solo una cuestión de movilidad. La fórmula es mirar una foto y no la película”.

Ambos abogados coincidieron en que, además, no se tomó en cuenta el debate de varios meses que se llevó adelante en la Comisión Mixta de Movilidad Previsional, donde participaron decenas de especialistas y que se formó para analizar el tema y hacer una propuesta, y que la decisión final fue del ministerio de Economía.

"Esta nueva fórmula no digo que sea buena o mala. Pero mantendría el nivel actual. Y el nivel actual ya está en el subsuelo. No va a recomponer el daño de los últimos tres o cuatro años. En 2016, con una fórmula similar, los jubilados perdieron un 5% contra la inflación, porque se disparó. Con una inflación alta, la fórmula no funciona y eso no se puede ignorar″, aseguró Tróccoli.

Fuente: Infobae